Hoy, Martes, 13 de abril, se ha celebrado una multitudinaria manifestación en la Universidad Complutense de Madrid en apoyo del juez Baltasar Garzón, contra la admisión a trámite de una de las tres querellas que ahora mismo hay interpuestas contra él: en concreto, la que le acusa de cometer prevaricación en su intento de juzgar los crímenes del franquismo (http://www.elpais.com/articulo/espana/juez/Varela/sentara/Garzon/banquillo/causa/franquismo/elpepuesp/20100407elpepunac_2/Tes).
Se le acusa, entre otras cosas, de tratar de abrir dicho proceso sin tener competencias para ello y habiendo fallecido todos los imputables.
Me sorprende que, desde muchos ámbitos, parece que haya más interés en cuestionar a quienes han interpuesto dicha querella -Manos Limpias, un sindicato de tendencias ultraderechistas; Falange Española de las JONS, asociación cuya ideología no despierta ninguna duda; y Libertad e identidad, otro tanto de lo mismo –que en saber si, efectivamente, Garzón cometió o no ese delito, uno de los más graves que puede cometer un juez en el ejercicio de sus funciones. Al parecer, muchas personas piensan que esas asociaciones, en función de su ideología, no deberían tener derecho a querellarse contra el juez. A mí, esa idea me parece más propia de regímenes fascistas como el que Garzón trata de investigar, que de una sociedad democrática y libre. Por suerte, en este país, nadie está excluido “a prori” del derecho a servirse de los recursos que la ley ofrece, ni siquiera esa panda de (para mí) indeseables. Me da igual si la querella la presentó Jons, la Asociación Satanista de Carabanchel Bajo o los Boy Scouts de la Sierra de Guadarrama. Me interesa saber si un juez vulneró la legalidad a sabiendas, o no, y me da igual quién descubriese la liebre.
Respecto a este caso, tengo mis dudas, cosa lógica dado mi escaso conocimiento de leyes (me asombra, en este sentido, que personas con los mismos conocimientos en la materia que yo, o aún menores, tengan las cosas tan claras).
Por lo que sé, existe una Ley de Amnistía, aprobada por el Parlamento en 1977, que impide investigar los crímenes que hubieran podido perpetrar las personas pertenecientes al aparato franquista antes de aquella fecha. Es una ley perversa, una ley que debería ser derogada, pero que, a día de hoy, sigue vigente, y es la Ley. Según tengo entendido, la defensa de Garzón consiste en presentar dichos crímenes como Crímenes contra la Humanidad, lo que, en base a precedentes como el proceso contra Pinochet o contra los dirigentes de países balcánicos implicados en la guerra de la exYugoslavia, justificaría y autorizaría su intervención. Ignoro si los delitos investigados entran en ese supuesto, y en ese caso qué Ley debe pesar más; imagino que eso es una de las cosas que se dilucidarán en el juicio. Tengo mis ideas sobre eso, pero sería cansino exponerlas aquí; lo que sí puedo decir es que creo que eso es cuestión de interpretaciones, y que, en muchos casos, ni los juristas se ponen de acuerdo. Por tanto, no seré yo quien acuse a Garzón de saltarse la ley a la torera, pero entiendo que eso pueda (y deba) ser objeto de investigación. Lo que sí me parece que tiene ciertos tintes surrealistas es encausar a personas notoriamente fallecidas (Franco, Gral. Mola, etc…). Es decir, por muy mal que a uno le caigan, eso no parece posible según nuestro Código Penal. Que alguien me corrija si me equivoco, pero creo que la responsabilidad penal de cada individuo se termina una vez ha estirado la pata. Cosa que tiene bastante sentido, porque, si no, ¿qué o quién nos impide juzgar a Napoleón, a Julio César, o a los Reyes Católicos, por ejemplo?
Parece evidente que, de querer juzgar a estas personas, esa debe ser tarea de los historiadores, no de los jueces.
A propósito, también cabe apuntar, como dato interesante, que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha admitido a trámite la querella por unanimidad, y que el instructor de la causa, Luciano Varela, es un juez de conocidas tendencias progresistas, y poco sospechoso, por tanto, de afinidad ideológica con los demandantes. Lo digo porque el recurso fácil de llamar “facha” a todo aquél que cuestione las actuaciones de Garzón, es complicado de emplear aquí.
En fin, que ya se verá, pero como ciudadano veo correcto, y aún necesario, que se investigue la labor instructora de Garzón si hay indicios de irregularidades en ella. Defender lo contrario sería como amparar que algunas personas (Garzón) puedan saltarse la ley en función de su ideología, porque nos gusta, y que otras, en función de la suya (Manos limpias, Jons), deban quedar fuera del amparo de la ley. Esa es una idea característica de muchos regímenes llamados fascistas, y por eso me llama la atención que muchas personas que se dicen demócratas y defensoras de la libertad, la enarbolen.
Respecto a las otras dos querellas, y a pesar de mis escasos conocimientos de leyes, me parece que Garzón lo va a tener, si cabe, aún más crudo, y con razón.
Veamos: “Caso Gürtel”: Garzón, en el curso de investigación de tan célebre caso (que, por cierto, afecta al PP, partido político cuya animadversión hacia el juez es de sobra conocida, y principal adversario del partido en el que Garzón militó hace años) decide autorizar grabaciones entre los principales acusados y su abogados, cosa que, por decirlo de un modo prudente, es una burrada. La Ley solo autoriza a efectuar escuchas entre un abogado y su cliente en casos de terrorismo, y este, a pesar de las terroríficas juergas que se corrían los tíos de “Gürtel”, claramente no lo es. Hasta un estudiante de primero de derecho sabe eso, así que, para qué hablar de un juez. A mí, en principio, me parece un caso de prevaricación (esto es, delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta una autoridad, un juez o un funcionario) de libro.
Luego: Caso “Banco Santander”: Garzón pide un crédito de algunos miles de euros al Santander para el patrocinio de una serie de cursos y conferencias en los Estados Unidos. El propio Juez agradece el préstamo a Emilio Botín, director del Banco Santander, en una carta firmada de su puño y letra. Meses después, desestima una querella contra este señor. No pongo en duda su imparcialidad en ese caso, pero parece evidente, al menos para mí, que debió inhibirse y dejar la decisión en manos de otro juez que no tuviese vinculación alguna con ese banco. Otra cosa que me parece de cajón, te caiga bien o mal el polémico juez.
En resumen, los medios parecen querer simplificar esta historia como un cuento de “buenos y malos”, siendo los buenos los más cercanos a las creencias ideológicas de cada uno, y los malos, los más alejados de ellas. Para mí no es tan sencillo. O quizá sí. Para mí, los buenos son los que hacen lo que deben. Un juez debe aplicar la Ley, no inventarla, ni modificarla, y menos servirse de ella, por muy elevados que sean sus fines. Si hay sospechas fundamentadas de que eso ha sucedido, debe investigarse.
Recurriendo otra vez a las palabras de Graham Greene: “Trato de conocer la verdad, aunque ello comprometa mi ideología”.
En realidad, sí, es sencillo.
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